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Delegación de Gobierno intensifica la inspección de tiendas pirotécnicas, que han recibido 30 expedientes este año

Guerra al petardo

miércoles 22 de octubre de 2014, 12:40h
Técnicos de la Delegación del Gobierno en Madrid están desarrollando una campaña especial de inspección en los establecimientos de productos pirotécnicos de la región, que han recibido este año un total de 30 expedientes este año. "El objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa reguladora del sector y velar por la seguridad de quienes se desplazan a estos almacenes para adquirir productos de pirotecnia coincidiendo con las fiestas de Navidad y Fin de Año", ha señalado la Delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes.
En la Comunidad de Madrid existen 40 establecimientos autorizados por la Delegación del Gobierno en Madrid para vender productos pirotécnicos, que son objeto de inspecciones periódicas a lo largo de todo el año. No obstante, estas inspecciones se intensifican durante las navidades, dado que el 85 por ciento de las ventas anuales tiene lugar con motivo de estas fiestas.

Los técnicos del Área Funcional de Industria y Energía de la Delegación del Gobierno en Madrid son los encargados de inspeccionar el cumplimiento de las condiciones de venta establecidas en el Reglamento de Artículos Pirotécnicos y Cartuchería.

Entre otros requisitos, este Reglamento establece que los establecimientos permanentes deberán disponer de un almacén independiente y separado de la zona de venta, que los artículos de pirotecnia no podrán exponerse con carga en escaparates ni estarán al alcance del público, y que determinados productos sólo se pueden vender, en función de la categoría en que estén clasificados, a consumidores de determinadas edades, o que realicen actividades profesionales en las que se puedan requerir artefactos pirotécnicos.

A lo largo del año 2013, la Delegación del Gobierno ha iniciado 30 expedientes sancionadores por incumplimiento de la legislación en materia de pirotecnia, que se suman a los abiertos por la Guardia Civil. En 2012, se iniciaron 38 expedientes, que concluyeron con la imposición de 9 sanciones administrativas que oscilaron entre los 100 y los 6.000 euros, en función de que las infracciones estuvieran calificadas de leves o graves.
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